Derecho a la información y justicia, una cuestión de autorregulación

El principio de publicidad de los procesos judiciales es un rasgo esencial del Estado de Derecho, lo mismo ocurre con el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia hasta que los tribunales de justicia no demuestren lo contrario.
Sin estas dos premisas, ningún estado podrá considerarse verdaderamente democrático, y el Periodismo, escrito con mayúsculas, es el estamento encargado de velar porque esas dos premisas se cumplan.

Esta idea obvia, casi tautológica, se debería encender como una ruidosa alarma en nuestra conciencia ante la información que arroja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que jueces y periodistas son los profesionales peor valorados por la ciudadanía española.

La casualidad ha querido que pocos días después de conocerse este preocupante dato, tuviera el honor de presentar públicamente la edición de la Guía para el tratamiento mediático de los procesos judiciales. Este trabajo, inédito en nuestro país, sintetiza toda la jurisprudencia existente en España sobre el acceso de los medios de comunicación a las sedes judiciales. También es un compendio de los dispersos códigos y protocolos vigentes aquí y nuestro entorno europeo sobre las relaciones que en el desempeño de su función mantienen los profesionales de la información con los funcionarios de justicia.

Cualquier persona próxima al mundo periodístico es consciente de que cada vez se hace más con menos. Ese sobresfuerzo que sin duda realizan diariamente los profesionales de la información tiene consecuencias indeseables si se relaja la exigencia de rigor. Y las consecuencias son nefastas si la información de tribunales se convierte en espectáculo televisivo, es decir, en material de entretenimiento.

Uno de los juicios más mediáticos celebrados en los últimos meses ha contado con hasta 300 periodistas acreditados. Nos sorprendería conocer cuántos de ellos estaban allí para cubrir una información judicial sobre uno de los casos más graves de corrupción política de nuestro país, y cuántos tenían por misión informativa construir una historia a partir de los gestos, los lloros y las miradas entre los acusados sentados en el mismo banquillo, algunos de ellos personajes de la crónica rosa española.

Cuando un periodista de tribunales está informando a la opinión pública sobre un juicio, sea del carácter que sea, la banalización de los hechos no debería ser admisible. El visionario periodista Joseph Pulizter lo definió con una frase célebre: “Las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su prensa”. Huyamos de esta decadencia, está en nuestras manos, es solo una cuestión de autorregulación, es decir, de voluntad cívica.

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