Al desasosiego de las familias de personas desaparecidas, sobre todo si se trata de un menor, hay que añadir el abismo al que se asoman cuando acuden a los medios de comunicación en una desesperada búsqueda de ayuda. Son fundamentales para contribuir a encontrar a la víctima de una desaparición no voluntaria, por lo que su función de servicio público cobra más sentido que nunca. Sin embargo, esta misión constitucional queda totalmente borrada en demasiadas ocasiones, porque su naturaleza de espectáculo de masas con ánimo de lucro prevalece sobre todo lo demás.
Y en el caso de la desaparición del pequeño Gabriel, lo que ha ocurrido esta semana, desgraciadamente, se veía venir. El trágico desenlace de este doloroso caso representa un material de incalculable valor para esas televisiones que convierten en espectáculo la información y que banalizan hasta la náusea un suceso de estas características.
Más de 30 horas de programación le han dedicado las principales cadenas de televisión en abierto a la resolución del caso. Y les ha funcionado: registros históricos de audiencia para los magacines matinales de Antena 3 y Telecinco el pasado lunes, que dedicaron todo su espacio al suceso. En el informativo de Antena3 del lunes al mediodía fue la única noticia. En Telecinco, la presentadora del informativo se trasladó a la Diputación de Almería, donde se había instalado la capilla ardiente.
En este bochornoso circo mediático no han faltado los programas del corazón, con sus habituales protagonistas trasmutados en periodistas, criminólogos y analistas del derecho. Incluso en la televisión pública se han emitido testimonios de supuestos expertos analizando el lenguaje gestual y la sudoración de la acusada de este crimen, ya autora confesa, en imágenes de días anteriores a su captura.
Este exceso de programación se hace, indefectiblemente, a costa de los derechos fundamentales de las personas implicadas en el suceso. Ya sea de la propia víctima, como ocurrió hace bien poco con la cobertura del caso Diana Quer, ya sea de los victimarios y las personas de su entorno, que de repente se convierten en objeto de deseo y de acoso para las cámaras.
Sumo a la lista de damnificados a la ciudadanía, que asiste en su mayor parte indignada ante estas prácticas mediáticas sin que nada ni nadie les ponga freno. Unas prácticas que, además, alimentan los más bajos instintos de la sociedad.
La autorregulación de los medios no funciona, y no lo hará mientras vulnerar gravemente derechos fundamentales ante situaciones de extrema gravedad y dolor quede impune y genere pingües beneficios económicos, como es el caso. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para poner fin a esta vergüenza pública?
Bitácora personal de Emelina Fernández 