Circos mediáticos, ¿hasta cuándo?

Al desasosiego de las familias de personas desaparecidas, sobre todo si se trata de un menor, hay que añadir el abismo al que se asoman cuando acuden a los medios de comunicación en una desesperada búsqueda de ayuda. Son fundamentales para contribuir a encontrar a la víctima de una desaparición no voluntaria, por lo que su función de servicio público cobra más sentido que nunca. Sin embargo, esta misión constitucional queda totalmente borrada en demasiadas ocasiones, porque su naturaleza de espectáculo de masas con ánimo de lucro prevalece sobre todo lo demás.

Y en el caso de la desaparición del pequeño Gabriel, lo que ha ocurrido esta semana, desgraciadamente, se veía venir. El trágico desenlace de este doloroso caso representa un material de incalculable valor para esas televisiones que convierten en espectáculo la información y que banalizan hasta la náusea un suceso de estas características.

Más de 30 horas de programación le han dedicado las principales cadenas de televisión en abierto a la resolución del caso. Y les ha funcionado: registros históricos de audiencia para los magacines matinales de Antena 3 y Telecinco el pasado lunes, que dedicaron todo su espacio al suceso. En el informativo de Antena3 del lunes al mediodía fue la única noticia. En Telecinco, la presentadora del informativo se trasladó a la Diputación de Almería, donde se había instalado la capilla ardiente.

En este bochornoso circo mediático no han faltado los programas del corazón, con sus habituales protagonistas trasmutados en periodistas, criminólogos y analistas del derecho. Incluso en la televisión pública se han emitido testimonios de supuestos expertos analizando el lenguaje gestual y la sudoración de la acusada de este crimen, ya autora confesa, en imágenes de días anteriores a su captura.

Este exceso de programación se hace, indefectiblemente, a costa de los derechos fundamentales de las personas implicadas en el suceso. Ya sea de la propia víctima, como ocurrió hace bien poco con la cobertura del caso Diana Quer, ya sea de los victimarios y las personas de su entorno, que de repente se convierten en objeto de deseo y de acoso para las cámaras.

Sumo a la lista de damnificados a la ciudadanía, que asiste en su mayor parte indignada ante estas prácticas mediáticas sin que nada ni nadie les ponga freno. Unas prácticas que, además, alimentan los más bajos instintos de la sociedad.

La autorregulación de los medios no funciona, y no lo hará mientras vulnerar gravemente derechos fundamentales ante situaciones de extrema gravedad y dolor quede impune y genere pingües beneficios económicos, como es el caso. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para poner fin a esta vergüenza pública?

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Un nuevo año para aprender

Otro año acaba. Se van volando, quizá por eso las personas nos empeñamos en hacer rayas sobre el océano del tiempo, pequeñas paradas para recordar juntos los últimos hitos del camino antes de ponernos de nuevo en marcha. No caeré en la melancolía, aunque sea el principal relleno de los dulces navideños que nos cercan estos días. El luminoso Ortega insistía en que la melancolía es el paisaje al que conduce el esfuerzo inútil, por lo que me niego a pensar que el esfuerzo de tanta gente en este difícil año haya sido inútil.

Desde el Consejo Audiovisual de Andalucía, hemos seguido esforzándonos desde el convencimiento de que los dados no están cargados y el resultado final de cada partida depende de nosotros, de todos nosotros. Por eso me congratulo del acuerdo que firmamos hace unos días con el Instituto Andaluz de la Mujer para perseguir la discriminación y la desigualdad en nuestros medios.

Por eso organizamos unas jornadas sobre el servicio público en tiempos de crisis. Sí, porque sabemos que las apreturas económicas están sirviendo de coartada para poner en cuestión servicios fundamentales. Por eso hicimos una guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales mas mediáticos, por eso estudiamos cómo conseguir cotas más altas de neutralidad e intentamos proteger a nuestros menores de contenidos que pueden perjudicar su desarrollo, por eso estamos inmersos en la génesis de la nueva Ley Andaluza del Audiovisual.

Todavía queda. Lo sé bien. Hay que atajar los contenidos prohibidos que difunden las televisiones sin licencia, hacer accesibles más contenidos audiovisuales para las personas con discapacidad, contribuir a erradicar la violencia de género… Sí, seguiremos trabajando tan duro o más en el nuevo año, porque somos de los que creemos que las cartas no están marcadas.

Como tantas veces, en el fondo es una cuestión de educar en valores, de alfabetización mediática, porque, como dijo el recientemente desaparecido Nelson Mandela: “Nadie nace odiando”. Debemos ser muy cuidadosos con lo que difundimos en nuestros medios y como lo difundimos, porque, desde el primer Año Nuevo de la Humanidad, también a odiar se aprende.

Externalización de los servicios informativos en la Tvs autonómicas

La legislación audiovisual vigente en España hasta 2010 era dispersa, incompleta y desfasada. La aprobación en marzo de ese año de la Ley General de la Comunicación Au¬diovisual modernizó y sistematizó esta normativa. Cuando apenas habían pasado un par de años desde su publicación, el actual Gobierno español realizó una serie de modificaciones que tenían como objeto, según el propio ejecutivo, flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

Entre esas novedades aprobadas en el año 2012, se establece que las Comunidades Autónomas podrán prestar, si así lo deciden, el servicio público de comunicación audiovisual y, en caso de prestarlo, podrán elegir las formas de gestión del mismo. Además, se elimina la prohibición sobre la cesión a terceros de la producción y edición de los programas informativos.

Dentro de este paquete de modificaciones, puede ser especialmente delicada esta decisión de dejar en manos privadas los espacios informativos de las cadenas públicas de ámbito autonómico, como es el caso de la RTVA. Son muchos los expertos que consideran que avanzar en esa dirección puede comprometer la objetividad de esos medios a la hora de trasladar a la ciudadanía su visión de la actualidad. De hecho, la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) cree necesario apuntar que, con independencia del modelo de gestión que se adopte tras estas modificaciones, se deben garantizar las obligaciones del servicio público que corresponden a estos servicios.

En todos los supuestos contemplados en la presente Ley, ya modificada, tanto las empresas como las administraciones públicas involucradas deberán respetar la Directiva europea sobre servicios de comunicación audiovisual. En la misma, se afirma que esos servicios tienen una importancia cada vez mayor para las sociedades y la democracia, sobre todo por garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo, así como por contribuir a la educación y la cultura. También se recoge que los Estados deben velar para que determinadas posiciones dominantes no impongan límites al pluralismo y a la libertad de información televisiva.

Hay que pensar que al poner los informativos en manos privadas los colocamos bajo el área de influencia de grupos empresariales o financieros con intereses y objetivos determinados, que no tienen por qué coincidir con el interés general o los objetivos mayoritariamente asumidos por una comunidad. Es más, la propia producción de la información podría pasar a estar determinada – o al menos fuertemente condicionada- por criterios como la rentabilidad económica, que en el anterior modelo estaba –todavía lo está- supeditada al derecho de la ciudadanía a tener una información plural, objetiva e independiente.

Una gestión mercantilizada de la información podría decantarse por reducir o incluso suprimir algunos de los procedimientos que contribuyen a generar una información de calidad, como la búsqueda de la versión de cada una de las partes implicadas, la constatación de la información sobre el terreno, la participación de personal especializado en cada faceta de la pieza informativa, la aportación de expertos…

Los medios están obligados a reflejar la pluralidad de la sociedad desde el punto de vista político, religioso, cultural y social. Es un derecho de la ciudadanía en su relación con la televisión y la radio, tanto pública como privada. Debemos permanecer muy atentos para que un derecho de esta trascendencia no se vea vulnerado por los mencionados proyectos de externalización y denunciar públicamente el menoscabo de este aspecto fundamental del servicio público en el marco de nuestro sector audiovisual.

Más libertad audiovisual

 La reforma del servicio público de radio y de TV y del audiovisual en su conjunto ha sido una de las promesas del programa electoral del Partido Socialista desde la legislatura de 2004. Comenzó con el nombramiento de un Consejo de expertos al que se encargó un informe que sirviera al ejecutivo como documento estratégico para abordarla y que constituyó el primer paso para la profunda transformación que ha tenido lugar y que se ha visto culminada con la aprobación esta semana de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el pleno del Senado. De ese informe nació la ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y televisión pública de titularidad estatal, que significó una transformación radical respecto de los 50 años anteriores de historia de RTVE. Proponiéndola, el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero materializó su compromiso democrático al renunciar expresamente al tradicional sometimiento de la radiotelevisión pública al poder gubernamental.

La ley trajo consigo una Presidencia y un Consejo de Administración de la nueva Corporación RTVE elegidos por una mayoría cualificada del Parlamento, una definición estricta del servicio público y de sus funciones y obligaciones, y una subvención pública transparente y objetiva, tras haber asumido el Estado la pesada deuda de 7.500 millones de euros que habíamos heredado de los años de gobierno del PP. Y así, nuestra RTVE se homologaba por fin con sus colegas europeos públicos más prestigiosos, la BBC, France Television, la ARD y ZDF alemanas…

La reforma del servicio público ha dado frutos positivos en estos casi tres años transcurridos. Con un Presidente elegido por consenso parlamentario, RTVE ha aprobado el reglamento del derecho de acceso exigido por la Constitución, ha pactado su mandato-marco por nueve años y ha consolidado la independencia de sus informativos. Y no es de ninguna manera casual que a medida que se ha ido consolidando este proceso, nuestra televisión pública se haya hecho con del liderazgo de audiencias, poniendo a la primera de TVE como líder de las televisiones que emiten en abierto, y que sus telediarios sean los preferidos de la ciudadanía en todas sus ediciones. Reforzada institucionalmente, Televisión Española se ha ganado tanto cualitativa como cuantitativamente el respeto y el respaldo del público. Pero la evolución tecnológica exige nuevas respuestas desde los poderes públicos. Y más concretamente, hacer frente a la nueva realidad de la comunicación que ha resumido perfectamente el profesor Manuel Castells en su libro “Comunicación y Poder”: la transformación tecnológica basada en la digitalización de la comunicación, la interconexión de ordenadores, el software avanzado, la mayor capacidad de transmisión por banda ancha y la omnipresente comunicación local-global por redes inalámbricas, de manera creciente con acceso a Internet.

La nueva ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta ahora como una norma básica para hacer frente a estos retos con carácter aún más general y no solo en el sector privado sino también en el público. Recoge la normativa básica de Servicio Público respetando los principios constitucionales, consagra íntegramente la garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico y aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de género. La ley incorpora la directiva comunitaria sobre la publicidad, regula las televisiones y radios sin ánimo de lucro, permite que las autonómicas puedan emitir en las comunidades limítrofes con afinidad cultural y lingüística y refuerza el carácter público de los terceros canales para que no puedan ser privatizados. Una de sus novedades más importantes es la creación y regulación de la Autoridad Audiovisual de ámbito estatal que será el órgano regulador y supervisor del sector y que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos. Sus funciones principales serán garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector, y la independencia e imparcialidad de los Medios Públicos, dotando de poder sancionador a sus miembros, que serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos. Se crea asimismo un Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.

Los contenidos audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del ciudadano actual porque ya no se concibe el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual y por ello no pude haber auténtica libertad y democracia si éstas no llegan también de forma efectiva y real al universo mediático. Y eso es lo que quiere consolidar el gobierno socialista con esta nueva ley.

Art publicado en Málaga Hoy el 16 de marzo de 2010

La publicidad en TVE

La vicepresidenta primera del gobierno

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha  presentado en el Consejo de Ministros la reforma de la financiación de la tv pública en España.

Siempre ponemos a la BBC como modelo de tv. pública sin publicidad pero la ausencia de anuncios no garantiza por sí misma la calidad: La BBC es buena por eso y por más cosas, como la independencia o la tradición de producción propia; lo importante de la nueva financiación es que no afecte a su capacidad competitiva.

En declaraciones posteriores al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha garantizado  que el Ejecutivo mantendrá los 1.100 millones de euros previstos para financiar RTVE este año y para el futuro. Y lo hizo, también, ante las cámaras de la cadena pública, en los desayunos que dirige Pepa Bueno. Para poder cumplir esta promesa, el Ejecutivo ha presentado las alternativas para garantizar el ingreso de los cerca de 550 millones de euros previstos que RTVE dejará de ingresar cuando se lleve a cabo esta reducción. “Queremos que la televisión pública sea sostenible económicamente, que se equipare con los sistemas de financiación de nuestro entorno”

Para compensar la reducción de los ingresos que supondría la supresión de la publicidad,  ha  presentado las diferentes fuentes de financiación: el 3% de los ingresos brutos de explotación de las cadenas privadas, el 0,9% de los operadores de telecomunicaciones, además, las arcas de la cadena seguirán recibiendo el 45% de su financiación de los presupuestos generales del Estado y un 20% más procedente de la recaudación de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico.

TVE es  líder de audiencia, es la preferida de los españoles para ver sus  informativos, es un ejemplo de pluralidad, es la tv. pública más barata de Europa, su programación generalista se dirige a todos los públicos y cumple con el objetivo que tiene encomendado. La nueva financiación debe, ante todo, garantizar este servicio público.